La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Michelle Bachelet, presentó su informe al organismo multilateral sobre la crisis social y política que se vive en Venezuela, donde señaló que existen “graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud”.
“El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas“, señala el texto.
La muerte de personas por falta de insumos en hospitales, reaparición de enfermedades que estaban erradicadas, personas excluidas de políticas de asistencia alimentaria por no ser partidarios del gobierno son algunos de los casos que registra el documento elaborado por Bachelet.
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El documento señala que fue elaborado a partir de la información recopilada y analizada por Acnudh durante la visita que el organismo realizó entre el 11 y 22 de marzo de 2019, en el que se reunió con distintos actores estatales, mientras que entre septiembre de 2018 y abril de 2019 llevó a cabo nueve visitas para entrevistar a personas refugiadas y migrantes venezolanos en países como Argentina, Brasil Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú.
A lo anterior se sumó la visita que la propia Michelle Bachelet realizó a Venezuela entre el 19 y 21 de junio pasado, en que se reunió con “muchas contrapartes,”, como el presidente Nicolás Maduro, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea Naciona, Juan Guaidó, y diputados de oposición. También con representantes de la Iglesia Católica, universidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, y cerca de 200 víctimas.
Violaciones a los derechos humanos
Más de la mitad de la descripción del escenario venezolano realizado por Bachelet está destinado a las violaciones de los derechos civiles y políticos realizados por el régimen de Nicolás Maduro. “Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”, afirma.
“Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual“, continúa.
El documento hace mención a las restricciones en la libertad de opinión y expresión, como por ejemplo, que entre 2018 y 2019 “el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos/as exiliados/as”.
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También señala la detención de 55 personas por expresar opiniones en redes sociales en los últimos 10 años, y la implementación de medidas que buscan “neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno”.
Además, se menciona el rol de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que forman parte del aparato de seguridad del régimen, como “responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014”.
En la misma línea, menciona que de acuerdo a la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. Además, consigna los datos del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, que señala que en 2018 se registraron 14 muertes en el contexto de manifestaciones, y esa cifra ascendió a 66 entre enero y mayo 2019.
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De este modo, entre las principales recomendaciones que el Acnudh realiza al régimen venezolano se encuentra que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva”.
Además, que “adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales”, y que “ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad”.
04/07/2019
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