El tribunal decretó arraigo nacional y firma quincenal contra el ex jefe militar, imputado por presunta utilización indebida de gastos reservados.
Este miércoles se desarrolló la formalización contra el ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por el presunto delito de lavado de activos, en una de las aristas del denominado Milicogate.
Tras la audiencia, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse con personas involucradas en el caso.
Las indagatorias fueron lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, que instruyó a la Policía de Investigaciones a realizar una serie de diligencias para acreditar los hechos.
En esa línea, sostuvo la persecutora que "se logró establecer la participación del imputado en al menos cuatro hechos constitutivos de delitos, relacionados con el uso para fines personales de dineros del Ejército de Chile".
En total, se apuntaba a la utilización indebida de más de $6.300 millones de pesos entre los meses de marzo de 2006 y 2010, así como la posterior realización de una serie de gestiones para lavar los activos.
Según profundizó, estos recursos estaban "destinados para objetivos relativos a la seguridad externa e interna del país, inteligencia y orden público".
Por su parte, desde la defensa valoraron las bajas cautelares decretadas sobre Izurieta y aseguraron que se encargarán de "desvirtuar los hechos" expuestos por el Ministerio Público en lo que resta de investigación.