El Ministerio Público inició de oficio una causa penal en contra de la parlamentaria por el presunto delito de aborto, según intercambios de mensajes encontrados por el fiscal Cristián Aguilar.
La diputada Catalina Pérez está siendo objeto de una nueva investigación por parte de Fiscalía, cuyas indagatorias se encontrarían al margen de los hechos conocidos en el marco del denominado Caso Democracia Viva.
En concreto, el Ministerio Público inició de oficio una causa penal en contra de la parlamentaria por el presunto delito de aborto, según lo encontrado por el fiscal Cristián Aguilar.
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De acuerdo a La Tercera, fue durante la investigación de las millonarias transferencias por convenios que se encontró un intercambio de mensajes con su ex pareja, Daniel Andrade, referentes al tema.
El citado medio agregó que quienes conocen los hechos sostienen que esta arista se originó luego de un análisis de mensajes de WhatsApp, en los que se dejaría entrever que la parlamentaria interrumpió su embarazo, pero que no estaría contemplado en las tres causales.
A través de un video, Catalina Pérez reiteró su inocencia en las indagatorias por el presunto delito de fraude al Fisco que se indaga en el Caso Convenios y también dedicó algunas palabras a esta nueva causa judicial.
"Se ha conocido en las últimas una investigación paralela de la Fiscalía que ha decidido buscar además en mi información ginecológica algún motivo para desaforarme. Me parece miserable", expresó.
En esa misma línea, acusó al Ministerio Público de que, "como no existe evidencia para tráfico de influencias ni de fraude al Fisco ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas un fundamento para culparme".
Ministra Orellana responde a investigación contra diputada Pérez por presunto aborto
Al ser consultada, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, rechazó la apertura de una investigación y criticó el actuar de Fiscalía en la materia.
"Creemos que en nuestro país no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema. Debemos avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos y, finalmente, su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida", lanzó.
Finalmente, la titular de la cartera señaló que "estas investigaciones implican para el Estado un gasto en fiscales, diligencias, audiencias, entre otros, para perseguir a mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o tomaron esta decisión en circunstancias muy complejas, y para ellas, una mayor vulnerabilidad y afectación en su salud mental".
17/01/2025
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