Un preinforme de la Contraloría alertó de posibles incumplimientos en los convenios acordados entre 14 municipios y la Fundación Daya, creada por la diputada Ana María Gazmuri. El objetivo era la ejecución del programa "de uso compasivo de aceite de cannabis" por el que la organización habría reunido más de 380 millones de pesos. Algunos alcaldes ya anunciaron una querella por estafa, mientras la actual parlamentaria apuntó a la responsabilidad de los propios municipios.