La Contraloría General de la República detectó que entre agosto de 2021 a enero de 2022 se pagó el IFE Laboral a beneficiarios que no cumplían con el requisito de estar cesantes o que prestaban servicios para el Estado por medio de honorarios. El órgano ordenó la restitución de esos dineros en un plazo de seis meses. Una suma que en total asciende a más de $3.500 millones.