La votación estuvo en suspenso hasta iniciada la sesión y mantuvo al gobierno negociando a último minuto para convencer a los indecisos. Los resultados del hemiciclo dan un respiro a la administración en un comienzo de año marcado por la polémica en torno a los indultos y la crisis en materia de seguridad.
La
Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este jueves la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.
Con
68 votos a favor,
76 en contra y
6 abstenciones, el libelo presentado por el Partido Republicano no reunió los apoyos necesarios para conseguir la destitución del secretario de Estado de su cargo.
Fue una votación estrecha que
mantuvo el suspenso durante toda la sesión, puesto que el gobierno dejó nada al azar y
reforzó los diálogos hasta último minuto para convencer a los indecisos y así,
evitar un nuevo golpe a la administración.
"Hasta el último momento
nadie puede garantizar los votos", había afirmado Jackson a la entrada del
Congreso, luego que el diputado
Christian Moreira (UDI) se retractó de su decisión de no respaldar la acusación y anunció a primera hora el cambio en su decisión.
"Sorry, ministro, votaré a favor", señaló.
"Abuso de autoridad y poder"
La acusación constitucional se basó principalmente en la
denuncia presentada por la ex seremi de Desarrollo Social Patricia Hidalgo, quien aseguró haber sido
víctima de "presiones indebidas" por parte de miembros del ministerio para votar a favor de un proyecto medioambiental del que ella estaba en contra.
"
Abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el presidente de la República y su aparente inamovilidad,
traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política", dice el texto.
Otro apartado que formó parte del libelo aprobado/rechazado y que se menciona en su primer capítulo, es que el ministro "
ha ejecutado a noviembre de 2022 solamente el 42% del presupuesto asignado por la Ley de Presupuestos 2022 al Fondo de Tierras y Aguas".
Mientras que, el capítulo 3, acusa al jefe de la cartera de
dejar sin ejecución la Ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, además de la Ley N°21.430, que
contempla las Oficinas Locales de la Niñez, en el marco de las Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
19/01/2023
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