Tras realizada por el Fiscal Nacional,
Ángel Valencia, quien
le pidió a los jueces decretar prisión preventiva para los imputados extranjeros que sean detenidos y no puedan acreditar su identidad, los alcaldes de los distintos sectores políticos se sumaron al debate con posturas contrarias. Además, a pesar de que esta decisión quedará al arbitrio de los jueces,
distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron cuestionamientos contra la medida. Por otra parte, desde
el gobierno ya sostienen reuniones con parlamentarios para definir el camino a seguir respecto a la crisis de seguridad que vive el país.