La decisión generó críticas, ya que las magistradas elegidas carecen del curso habilitante que imparte la Academia Judicial. Dos miembros del tribunal de alzada capitalino y abogados laboralistas estiman que se trata de una situación que puede afectar a los trabajadores o empresas que buscan justicia, ya que de antemano no conocerán si tanto él o la magistrada a cargo de la audiencia cuentan con los conocimientos especializados. El caso será resuelto en las próximas semanas por la Suprema. El acuerdo del pleno lo revela CHV Noticias.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió -el 13 de septiembre pasado- designar a 3 juezas de garantía para disminuir el atraso que mantienen los dos tribunales laborales capitalinos debido a la pandemia.
La decisión del ampliado, sin embargo, generó críticas en sordina y se activaron grupos de Whatsapp comentado el dictamen, ya que las magistradas carecen del curso “habilitante” que imparte la Academia Judicial para desempeñarse en los juzgados del Trabajo y se han desempeñado siempre en materias penales.
“Lo anterior implicará que las elegidas deberán actualizar sus conocimientos antes de ejercer su designación. O mejor dicho, habrá una nueva demora y el impacto para disminuir el atraso recién se notará en al menos un mes, transcurrida su llegada al tribunal”, dijo uno de los ministros que se opuso a la elección a dedo.
Una magistrada del tribunal de alzada capitalino indicó a CHV Noticias que existe un atraso de al menos un año respecto de materias laborales y es necesario que los jueces colaboren en esa tarea.
Sin embargo, añadió, “quienes lleguen a requerir justicia no conocerán que ese juez o jueza carece del curso habilitante”.
Fuentes judiciales comentaron que hace menos de un año una magistrada, cuando inició la audiencia, hizo presente la carencia de conocimientos específicos ante las partes en litigio (una empresa y una persona que reclamaba despido injustificado) “y fue sumariada por ese hecho”.
La determinación adoptada por el pleno de la Corte de Santiago, en todo caso, se basó en la petición de la jueza del Segundo Laboral Andrea Soler. La solicitud da cuenta que las audiencias, recién se están agendando para 2023, “lo que demuestra la insuficiencia para atender la cuantiosa carga de trabajo (...)”.
Un abogado laboralista consultado por este medio indicó que “ahora que conocemos cómo la Corte ha resuelto reducir la acumulación de causas, lo evidente es que antes de empezar la audiencia, consultemos si tanto la magistrada o el magistrado cumplió con la especialización en Derecho Laboral”.
“En mi caso, defiendo a trabajadores y no empresas. Si el juez o jueza a cargo no conoce en profundidad la materia, me pone en desventaja, como también a quien defiende a empresas que legítimamente recurren a los tribunales de justicia. La situación es llamativa por lo contradictorio y los abogados podríamos objetar esa carencia de conocimientos”, concluye.
Como sea, la situación será abordada por la Suprema. Es decir, tanto la decisión de la Corte de Santiago, como también los reclamos que de seguro interpondrán las elegidas.
La determinación que adopte el máximo tribunal será clave, ya que definirá el criterio para lo que viene y cómo se resolverá el atraso de causas que afecta la administración de justicia.