Más de 200 mil deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) han recurrido a abogados, esto para buscar justicia y eliminar el pago del crédito. La iniciativa cada día suma más adherentes y que preocupa a expertos. Al menos 540 mil personas ya dejaron de pagar, lo que significa un gasto fiscal adicional de 300 millones de dólares.