Según el documento remitido por el Servicio Electoral al Ministerio Público, ante la eventual comisión de los delitos de falso testimonio y falsificación de instrumento público, se precisó que 11.073 patrocinios fueron inscritos en entre el 1 y 23 de agosto, bajo el nombre del señor Zaldívar.
A pocos días de la inscripción de su candidatura presidencial como independiente, respaldado por la Lista del Pueblo, el Servicio Electoral (Servel) rechazó a Diego Ancalao por no cumplir con las firmas necesarias para el proceso.
Sin embargo, según lo informado por el Servel en dicha instancia, el activista presentó casi 30 mil patrocinios, de las cuales 12.316 fueron efectuados por Clave Única o firma electrónica simple, mientras que 23.161 fueron suscritos físicamente ante una Notaría Pública.
El problema legal radica en que estas últimas firmas, en su mayoría (23.135), fueron bajo el nombre del notario Patricio Zaldívar, quien falleció en febrero de este año y había dejado su labor mucho tiempo antes.
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La denuncia del Servel, remitida directamente al Fiscal Nacional, Jorge Abott, detalla que "el señor Zaldívar renunció a dicho cargo en abril de 2018, conforme da cuenta la Resolución Exenta N° 1234, de fecha 06 de abril de 2018, del Presidente (s) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual acepta dicha renuncia a contar del 13 de abril de la indicada anualidad", consignó La Tercera.
“Adicionalmente, corresponde consignar que dicho notario falleció el día 11 de febrero del presente año, siendo los patrocinios en cuestión firmados ante él, prácticamente en su totalidad, en una fecha posterior a su deceso, concentrándose su mayoría en el mes de agosto, donde habrían concurrido a patrocinar esta candidatura 11.073 personas entre los días 1 y 23 de agosto", añade el documento.
Incluso especifican que en un solo día, el pasado 20 de agosto, se habrían firmado supuestamente ante el señor Zaldívar, un total de 9.265 patrocinios. Lo que dadas las circunstancias de su deceso, sería prácticamente falso.
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Finalmente, el documento plantea que los hechos denunciados podrían configurar el delito establecido en el artículo 140 de la ley N° 18.700, por falso testimonio, arriesgando penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de una a tres unidades tribunales mensuales.
A esto se sumaría otro ilícito, que involucra el artículo 194 del Código Penal, en relación al artículo 193 del mismo Código, por falsificación de documento público, pudiendo sufrir pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
02/09/2021
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