El organismo fiscalizador ratificó que el documento fue emitido por Alto Data Analytics a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) "en calidad de muestra, sin mediar costo", por lo que no se transgredió la ley que regula el lobby y las compras públicas.
Contraloría determinó que el polémico informe "Big Data", que analizó el comportamiento en redes sociales tras el estallido social y atribuyó parte de la responsabilidad a la influencia del K-Pop, fue entregado de forma gratuita al gobierno por la empresa española Alto Data Analytics.
A casi diez meses de que el documento saliera a la luz, el organismo fiscalizador respondió al requerimiento de Pedro Araya (independiente) quien, en su calidad de secretario general (s) del Senado, pidió que se estableciera la legalidad del procedimiento y si es que transgredió la ley del lobby y compras públicas.
A través de un dictamen con fecha del 23 de septiembre, se indica que el gobierno ratificó que el documento fue entregado por la empresa Alto Data Analytics a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) "en calidad de muestra, sin mediar costo", que a su vez lo puso a disposición del Ministerio Público para las investigaciones relacionadas con hechos de violencia.
Lee también: Jorge Abbott sobre informe Big Data: "Por ahora no hemos encontrado ningún valor"En ese sentido, Contraloría indicó que en la ley de lobby y gestión de intereses particulares "se encuentran excluidas de esa normativa toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones".
"Se encuentra en la misma situación la información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia", continúa el texto.
Además, agrega que este tipo de entidades están autorizadas a "remitir y compartir los antecedentes que sean útiles para dar cumplimiento a sus funciones, dentro de sus esferas de atribuciones".
Debido a que el documento fue entregado de forma gratuita, el organismo estableció que "en dicho contexto legislativo, es del caso indicar que la citada ley N° 20.730 (ley de lobby), no resulta aplicable a las reuniones o remisiones de documentos entre servicios públicos, como sucedió en la especie".
Lee también: Mónica Rincón por informe Big Data: "¿Hay información de inteligencia o un intento por ocultar su carencia?"Por último, se indica que, considerando que la entrega del informe no derivó de un proceso de contratación con Alto Data Analytics, "tampoco resulta aplicable en este caso la regulación contenida en la ley N° 19.886".
A comienzos de enero pasado, una vez que el polémico texto salió a la luz, Quiñenco S.A., matriz de los negocios del Grupo Luksic, confirmó que puso al gobierno en contacto con la empresa española, pero que no encargó su elaboración. Este punto no fue abordado en el dictamen de Contraloría.