En un documento respaldado por los 10 partidos que componen al oficialismo, hicieron un llamado a aprobar la propuesta emanada desde la Convención Constitucional, reconociendo además la necesidad de implementar modificaciones que apuntan a cinco controversiales ámbitos: Plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político y Poder Judicial.
El actor y militante socialista, Alejandro Goic, fue el responsable de leer punto por punto el acuerdo alcanzado por el oficialismo respecto de las reformas que se aplicarían a la nueva Constitución, en caso de que sea aprobada por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre.
Se trata de un texto que, como plantea, "aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado".
Asimismo, recalcan que la propuesta emitida por la Convención Constitucional representa "el anhelo de derechos sociales que ha expresado la ciudadanía, se hace realidad bajo el Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la solidaridad que la Constitución actual nos ha negado persistentemente".
Reconociendo lo anterior, entonces las figuras del oficialismo hicieron un llamado a aprobar la nueva Constitución.
El acuerdo fue firmado por las siguientes figuras políticas del oficialismo: Natalia Piergentili Domenech, Partido por la Democracia; Patricio Morales Fernández, Partido Liberal; Tomás Hirsch Goldschmidt, Acción Humanista; Lorena Fries Monleón, Movimiento Unir; Paulina Vodanovic Rojas, Partido Socialista de Chile; Leonardo Cubillos Ramirerz, Partido Radical de Chile; Juan Ignacio Latorre Riveros, Revolución Democrática; Flavia Torrealba Diaz, Federación Regionalista Verde Social; Guillermo Teillier Del Valle, Partido Comunista de Chile; Diego Ibáñez Cotroneo, Convergencia Social.
Tal como mencionan en el documento, el propósito es aclarar sus lineamientos respecto de ciertos conceptos que han despertado suspicacias en la población. Tal es el caso de la Plurinacionalidad o la modificación del Poder Judicial por el término de Sistemas de Justicia.
Por lo mismo, y en miras a un consenso que unifique al bloque de gobierno, establecieron cinco puntos a reformar o esclarecer respecto de la nueva Constitución:
Sobre la Plurinacionalidad, desde el oficialismo valoraron su incorporación como un "avance en tanto reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, en su identidad, lengua, cultura, tradiciones, historia y representación, postergados durante siglos".
Sin embargo, apuntaron a aclarar los siguientes términos que la envuelven. Uno de ellos es la consulta indígena, la que aseguraron "se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales".
Por otro lado, indicaron que las autonomías territoriales mencionadas en la nueva Carta Magna "se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile".
Lo anterior, expresaron, se traduce que en ningún caso se pueda "limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional".
"Respecto a los sistemas de justicia indígena, reafirmamos la igualdad ante la ley", continuaron, explicando que "no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial" y que esto solo será aplicable a los miembros del mismo pueblo de forma voluntaria, excepto en caso de delitos penales.
En cuanto a los derechos sociales contenidos en la propuesta, sostienen que en materia de pensiones "nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual".
Otro punto relevante y que ha sido objeto de fake news, se relaciona con la propiedad de las viviendas: El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Éstos, afirmaron, "están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia".
Por otro lado, abordaron el Sistema Nacional de Salud que "no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores". Ahondando en ello, detallaron que la ley asegurará que éste sea un sistema integrado con participación pública y privada, "donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados".
Finalmente, la educación como derecho social. En su implementación legislativa, señalaron que "se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación".
Respecto de la seguridad, un concepto bastante discutido en la actualidad, en el acuerdo fueron concretos en dirigirse a los Estados de Excepción.
Sobre esto, propusieron establecer "en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho".
En el cuarto punto del documento, desde el oficialismo rescataron que la nueva carta fundamental contiene "profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones".
Para su implementación, se comprometieron a un análisis recabado de los mismos a fin de lograr "el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales".
Aunque como medida en particular, informaron que acordaron que la reelección presidencial no proceda consecutivamente.
Finalmente, en materia judicial, desde el oficialismo propusieron reemplazar el concepto de "Sistemas de Justicia" por el de "Poder Judicial".
"Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos", agregaron.
Al término del texto, además comprometieron la implementación del Recurso de Tutela, "a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna".