La Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu) presentó la acción civil ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu) llegó hasta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para demandar a las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y SMU por la denominada colusión del precio de los pollos, exigiendo una indemnización de $50 mil por cada habitante del país.
De acuerdo al documento presentado ante el organismo, la agrupación señaló que la indemnización “tiene por finalidad la reparación íntegra de todos los daños que los consumidores del país sufrieron a causa de los actos que han atentado contra las normas de la libre competencia, en los que incurrieron las empresas demandadas, al pactar un acuerdo entre competidores consistente en establecer cuotas en la venta de pollos, con la consiguiente alteración de precios que debieron soportar los consumidores afectados”. Lee también: Bernardo Larraín y “colusión de los pollos”: “Nunca vamos a tener un matiz en condenar hechos como este”Además, agregaron que "en relación al daño moral denunciado, y que la ley ha consagrado como posible de demandar colectivamente es totalmente justificada por cuanto se ha infringido la integridad de los consumidores al ser burlados en el precio y verse obligado a adquirir productos a precios impuestos por una acción anticompetitiva".
El recurso indicó también que los consumidores, al no tener una alternativa para reemplazar la carne de pollo -una de las más consumidas a nivel nacional- estuvieron obligados a comprar el producto por el precio en que se ofrecía.
Esta situación derivó de una investigación reservada en el año 2010, en contra de la Agrícola Agrosuper, Agrícola don Pollo Limitada, Empresas Ariztía y la Asociación de Productores Avícolas por conductas anticompetitivas en la venta minorista de la carne de pollo.
Lee también: Corte Suprema eleva multas contra Cencosud, SMU y Walmart por caso de “colusión de los pollos”Por ello, las cadenas de supermercados fueron acusadas de fijar -por intermedio de sus proveedores- un precio de venta para la carne de pollo fresca, igual o superior a su precio de lista mayorista entre los años 2008 y 2011.