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1 am de este miércoles y los controles vehiculares en Curicó se redoblaron. El llamado de vecinos al 133 de Carabineros alertó de la presencia de dos autos en las inmediaciones de una estación de servicio.
Al ver la presencia policial, los dos vehículos huyeron del lugar y se inició un persecución. Tras algunos metros, uniformados lograron detener a uno de los autos y también a sus ocupantes. El segundo continuaba a la fuga.
Fue en medio de nuevos patrullajes que personal de Carabineros logró divisar al segundo auto sospechoso. Lo peor vino cuando los funcionarios intentaron fiscalizar al conductor. Éste, sin ningún tipo de miramiento, aceleró el vehículo y atropelló a una cabo primero que intentaba realizar el control.
“Ahí, el personal de servicio procedió a utilizar sus armas de servicio, con la finalidad de lograr la detención, siendo, en este acto, atropellada la funcionaria”, señaló el mayor Emerson Carrasco de la primera comisaría de Curicó.
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La funcionaria de 31 años, casada y madre de un hijo, fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial. Ahí se curaron las heridas provocadas y se diagnosticó, finalmente, lesiones leves. Mientras, sus compañeros continuaron en la búsqueda del autor de este atropello.
“Conforme a las diligencias realizadas por el personal policial, se logró ubicar el domicilio del conductor, encontrando ahí el móvil participante del atropello, logrando, además, la detención del sujeto”, agregó el Mayor Carrasco.
Un hecho que pudo ser mucho más grave y que trae a la memoria el atropello sufrido por un militar en Puerto Montt, también en medio de fiscalizaciones. En ese caso, lamentablemente, el joven uniformado falleció producto de las lesiones.
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Para Óscar Torrejón, experto en seguridad de Colt Security, “quienes, por lo general, evitan ser fiscalizados, son los delincuentes que tienen problemas con la ley o están, en ese minuto, en un delito flagrante. El atropellar a un funcionario es un delito de palabras mayores”.
“En cuanto a los protocolos de fiscalización vehicular, las sugerencias para el funcionario que da la orden de detención, es tomar todas las medidas de seguridad claras: observación, distancia y voz de mando sólidas”, agregó Óscar Torrejón, quien además propone tres etapas en las fiscalizaciones: “preventiva, acusativa y de reacción”.
En el caso de la cabo primero de Curicó, el autor del atropello fue detenido. En otros casos, que se han dado en medio de fiscalizaciones por la pandemia del coronavirus, no.
Según el abogado de la Universidad Católica, Darío Guajardo, en el contexto de la contingencia por COVID-19, quienes cometen este tipo de acciones incurren en dos delitos: “maltrato de obra a carabineros y la infracción del artículo 318, que es poner en riesgo a la ciudadanía por incumplir las medidas sanitarias, arriesgando penas que podrían llegar, incluso, a 15 años de cárcel”.
“La penalidad que arriesga cualquier ciudadano, al momento de causar lesiones a un carabinero de servicio, depende exclusivamente del daño producido. En el caso de Curicó, las lesiones leves causadas a la funcionaria le podrían significar penas que van desde 61 días hasta 5 años de prisión al autor del atropello”, agregó Guajardo.
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“Respecto al artículo 318 del Código Penal, no debería significar una circunstancia agravante sino más bien debería ser juzgada aparte de las lesiones. Es un delito en sí, entonces, si además esta persona lesiona a un funcionario, el panorama es mucho más grave por juzgarse dos delitos distintos”, finalizó el abogado.
Un nuevo caso de atropellos a funcionarios policiales o de orden que demuestra la decisión con que actúan algunos delincuentes, que no temen actuar temerariamente para evadir a la policía, algo que se ha visto agravado debido al aumento de los controles que se realizan en medio de la pandemia.
17/06/2020
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