Ante una notoria alza de delitos y situaciones violentas al interior de las autopistas en Santiago, surge la interrogante de a quién en este caso se le exigen responsabilidades al respecto. ¿Quién repara a los afectados? ¿Le corresponde a las concesionarias o al Estado? Las dudas se dan justo cuando hace días atrás se generó una demanda colectiva contra las autopistas por quienes fueron víctimas de estos delitos. Según lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Concesiones de Obras Públicas, existen al menos tres artículos que hablan de que los encargados de responder son las propias autopistas.