Una gran polémica se generó luego de que el juez Daniel Urrutia autorizara a reos del Recinto Penitenciario de Alta Seguridad a tener videollamadas. Dentro de las 13 personas beneficiadas hay algunos considerados de alta peligrosidad, como por ejemplo los presuntos homicidas del cabo Daniel Palma. Sin embargo, la mayor controversia, que según el gobierno infringiría el reglamento penitenciario, es el caso de otras cinco personas privadas de libertad y que estarían ligadas al Tren de Aragua, lo que según algunos expertos podría permitirles entregar instrucciones y seguir delinquiendo desde la cárcel.