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13/03/2025
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El magistrado Mario Cayul, del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, acogió la cautela de garantías presentada por la defensa de la diputada Karol Cariola (PC), en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias.
El magistrado Mario Cayul, del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, acogió la cautela de garantías presentada por la defensa de la diputada Karol Cariola (PC), en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias.
En concreto, el tribunal ordenó que, tanto el celular como el notebook incautado de la parlamentaria, no pasen a manos de la Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros.
Según explicó Juan Carlos Manríquez, abogado de Cariola, se dispuso que el Ministerio Público "debe permitir a la defensa acceder, junto al fiscal regional Sr. Cooper, en el plazo de tres días al contenido de los aparatos electrónicos incautados".
El objetivo de este procedimiento sería "extraer y eliminar lo que no sea pertinente a la causa, entre otras, aquellas comunicaciones como crítica política, vida personal y familiar, grabaciones del parto, etc", detalló Manríquez.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados está siendo investigada por la Fiscalía debido a presunto tráfico de influencias. La investigación se originó en el contexto de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, liderada en ese entonces por Irací Hassler, también del Partido Comunista.
Durante la revisión del teléfono de Hassler, la PDI descubrió conversaciones en las que Cariola solicitaba a la ex alcaldesa asistencia para un empresario de origen chino, identificado como Emilio Yang (Bo Yang), en la renovación de una patente de alcoholes para su negocio en la comuna.
Estas conversaciones, realizadas a través de la aplicación WhatsApp, fueron eliminadas pero posteriormente recuperadas mediante técnicas forenses.
La Fiscalía considera que estas gestiones podrían constituir tráfico de influencias, ya que Cariola habría intercedido en favor de un particular sin seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Lobby.
Además, se ha revelado que el departamento que arrienda la diputada Cariola pertenece a otro empresario chino, Hong Chen, quien ha establecido varias empresas en Chile. Esta relación ha suscitado dudas sobre posibles conflictos de interés que también están siendo investigados.
El pasado 3 de marzo, mientras Cariola daba a luz a su primer hijo, la PDI allanó su domicilio en busca de evidencia relacionada con la investigación. Este operativo ha generado controversia debido al momento en que se llevó a cabo, lo que ha sido calificado por la diputada como una vulneración de sus derechos y los de su recién nacido.
