El ex mandatario está siendo investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, que él rechaza.
Esta determinación fue tomada en audiencia pública, luego de que el 5 de octubre la Corte Suprema de Justicia conceptuó que la jueza estaba facultada para decidir sobre si Uribe, quien renunció a su fuero como senador, continuaba o no en detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en el norte de Colombia.
Uribe renunció a su curul en el Senado el 18 de agosto argumentando "falta de garantías" por parte del alto tribunal de justicia, y su defensa pidió que su proceso fuera enviado a la Fiscalía para su conocimiento, lo cual sucedió.
Lee también: Greta Thunberg llama a votar por Joe Biden en las elecciones de Estados UnidosLa medida de restricción de libertad contra el ex mandatario había sido impuesta por el alto tribunal el pasado 3 de agosto en un caso relacionado con la presunta manipulación de testigos contra el senador del partido Polo Democrático, Iván Cepeda, cargos que Uribe rechaza.
La jueza argumentó que, como el proceso pasó de estar en la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, es a esta última a la que corresponde realizar una nueva indagatoria y definir la respectiva situación jurídica del investigado.
Paradójicamente, la causa penal contra Uribe se podría resumir como la de un denunciante que terminó denunciado. Todo comenzó en 2014, cuando el ex presidente, del partido de gobierno Centro Democrático, denunció al actual senador Iván Cepeda por supuestamente estar ofreciendo beneficios jurídicos a varios ex paramilitares en las cárceles para que vincularan a Uribe con esos grupos armados de extrema derecha.