“Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”. Con estas palabras el ministro de Salud, Jaime José Mañalich Muxi (66), esbozó una suerte de autocrítica el pasado 26 de mayo, cuando los contagios en Chile bordeaban los 78 mil casos y ya había 806 muertos por COVID-19.
Este sábado 13 de junio sale del gabinete del gobierno de Sebastián Piñera Echeñique, dejando al país con 167.355 contagiados y más de 3.101 fallecidos confirmados a causa de la enfermedad, una cifra que superaría en realidad los 5 mil muertes, según datos que el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud (DEIS) entrega a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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La salida de Mañalich responde al fracaso de una estrategia que, según dijo el propio presidente en el discurso que pronunció al despedirlo, comenzaron a esbozar “hace 164 días, el pasado 2 de enero cuando nos reunimos para elaborar un plan que nos permitiera enfrentar esta pandemia”. Un plan que a todas luces no ha resultado efectivo.
La salida de Mañalich debiera traducirse en un cambio de rumbo en esta estrategia que se enfocó más en enfrentar el impacto clínico de la pandemia que en evitar la propagación de la enfermedad, lo que se tradujo, a la larga, en el explosivo aumento de los contagios que se observa hoy día. También su salida, ayudará a descomprimir la presión y las críticas que enfrenta el gobierno, derivadas de la gestión de un ministro cuyo carácter lo mantuvo en permanente conflicto con los gremios de la salud, el mundo científico, los municipios, la prensa y algunos centros de estudio que discreparon públicamente, con el manejo estadístico y los criterios utilizados por el Minsal para cuantificar el impacto de la pandemia.
Segundas veces
Jaime Mañalich juró por segunda vez como ministro de Sebastián Piñera el 13 de junio de 2019. Durante el primer gobierno del mandatario (2010-2014), ocupó el mismo cargo los cuatro años que duró su mandato, pese a que enfrentó varias controversias, las que en 2015 implicaron su expulsión del Colegio Médico por faltas a la ética, pese a que el ministro había renunciado a la orden gremial en febrero de ese año. La medida disciplinaria fue apelada en tribunales y finalmente dejada sin efecto, pero el ministro no volvió a reintegrar la entidad con la que, durante este nuevo periodo, mantuvo una tensa relación.
Otro fantasma con que cargó el ministro fue con el manejo que realizó en su anterior gestión con las listas de espera. Administrativamente las redujo y las dio por superadas con bombos y platillos en una recordada ceremonia. El manejo fue investigado por la Contraloría General de la República durante cuatro años. En 2017 se estableció irregularidades para dar por finiquitadas las listas, lo que afectó a cerca de 30 mil pacientes.
Jaime Mañalich asumió hace exactamente un año en reemplazo del doctor Emilio Santelices, quién tuvo una compleja gestión. Modificó los protocolos de objeción de conciencia que restringen la ley de aborto en tres causales. Esto permitió a clínicas privadas que reciben millonarios recursos del Estado ser objetoras sin dejar de percibirlos, lo que le valió una interpelación de la Cámara de Diputados. También fue cuestionado por ser accionista de la empresa SONDA, que mantenía contratos con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), dependiente de su cartera, y por declarar que, el aumento en los casos de VIH en Chile, se debían al ingreso de migrantes y a la píldora del día después, que desincentiva el uso del condón. Al momento de asumir, Jaime Mañalich se desempeñaba como gerente general de la Clínica Las Condes.
Cuando juró por segunda vez ante Piñera, Mañalich tenía por delante la tarea de acelerar la demandada reforma al sistema de salud chileno, tanto en el ámbito privado de las Isapres como en el público, Fonasa. También debía sacar adelante el plan nacional de medicamentos que busca ir en beneficio de los sectores más desprotegidos que no tienen acceso a las medicinas que requieren.
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Este proceso se vio interrumpido el 18 de octubre del año pasado a causa del estallido social que alteró profundamente la agenda del gobierno. Fue en ese período que el ministro entró nuevamente en controversia al declarar que las víctimas de trauma ocular a manos de proyectiles disparados por carabineros en la represión de las protestas eran “pocas” y los “casos aislados”, pese a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizó más de 350 personas afectadas. Luego vino la pandemia.
El 2 de enero “asumimos un nuevo desafío, un ruido lejano, un virus que asomaba desde China y quiero agradecer al presidente la confianza, cuando le transmitimos la preocupación por esta pandemia, de que él creyera que esto podría ser un desafío para la salud chilena y comprometiera todo su apoyo y liderazgo para aumentar los recursos y fortalecer la red hospitalaria.”
Con estas palabras Mañalich se despidió de La Moneda al dejar el cargo, corroborando lo que minutos antes había dicho el presidente, la primera reunión para definir la estrategia ante el COVID-19 se realizó hace 164 días, el 2 de enero.
El ahora ex ministro enfatizó que quién ha liderado “esto desde el primer momento” es el presidente Piñera, me anima la confianza, dijo, “en señalar que bajo su presidencia estamos en muy buenas manos para salir adelante de esta crisis que afecta a la nación”, y agregó que ha “llegado al convencimiento que en esta nueva etapa de lucha contra el coronavirus requiere un nuevo liderazgo que se abra al diálogo, convoque y le de frescura a la discusión, por eso doy un paso al costado”.
De estas declaraciones se desprenden dos cosas, la primera es que, al salir de su cargo en el Minsal, Mañalich endosa la principal responsabilidad del manejo de la crisis sanitaria al presidente Piñera, y la segunda es que desliza una suerte de autocrítica plantear la necesidad de un “nuevo liderazgo” más abierto al diálogo.
La batalla de Santiago pierde a su general
Mañalich y Piñera han sido hasta ahora los principales gestores de la estrategia de Chile contra el Coronavirus. Rodeados por un reducido “panel de expertos” y a puertas cerradas, definieron su estrategia en La Moneda. La llamada “Mesa Social” que integran el Colegio Médico, representantes de la Sociedad Chilena de Epidemiología y otras entidades científicas y sociales opera más con derecho a voz que con derecho a voto en la toma de decisiones.
Piñera y Mañalich han repetido hasta el cansancio en los medios de comunicación que se estaban “preparado desde enero”, que tenían “todo bajo control”, que los servicios de salud resistirían.
Mañalich llegó a decir que el sistema sanitario tenía la capacidad “para enfrentar sin problema un brote de hasta 430 mil contagios” y que Chile estaba mejor preparado que España o Italia para enfrentar esta “guerra contra el enemigo invisible”.
Mañalich se resistió a suspender el inicio de clases en colegios y universidades programado para marzo, fue sólo ante las presiones de alcaldes, profesores, rectores universitarios, padres y apoderados que terminó por ceder y anunció que retrasarían el inicio del año escolar. Ha reiterado públicamente que siempre estuvo en contra de esa idea.
También se resistió a cerrar los grandes centros comerciales que hay en la ciudad, puntos de aglomeración de miles de personas que también movilizan miles de millones de pesos cada día. Los trabajadores protestaron y los alcaldes tomaron la iniciativa y amenazaron con emitir decretos de clausura. Finalmente, los malls cerraron sus puertas gracias a estas presiones.
Para el ingreso de chilenos y extranjeros de otros países, el Minsal no implementó un control estricto en los aeropuertos y fronteras, solo una toma de temperatura al llegar y la obligación de llenar un formulario con el compromiso de guardar cuarentena por 14 días. Muchos viajeros lo completaron con datos falsos, lo que hizo que después fuera imposible ubicarlos y, por ende, saber si cumplían o no con el aislamiento. Rosa Oyarce, seremi de Salud, era partidaria de mayores restricciones y salió del cargo por discrepancias con el ahora ex ministro.
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Cuando el viernes 20 medio centenar de alcaldes de diferentes comunas del país, incluso algunos militantes oficialistas, solicitaron al gobierno decretar una cuarentena total para evitar la propagación del virus, Mañalich respondió que pedir eso era absurdo y los acusó de utilizar el virus con fines electorales.
“Lo que están pidiendo los alcaldes, algunos con afanes populistas, otros con afanes electorales, sin ninguna duda, es una insensatez completa”, dijo, y argumentó que en España la cuarentena había fracasado. Ese día ya había 434 casos confirmados de COVID-19 en Chile.
El 25 de marzo se contabilizaron 1.252 contagios y el gobierno anunció la cuarentena para siete comunas de la capital, casi todas del “barrio alto”. Lo Barnechea, Vitacura, las Condes, Providencia, Ñuñoa e Independencia inauguraron lo que el ministro de Salud llamó “cuarentenas progresivas”. Su argumento: que esas zonas concentraban los mayores brotes de la enfermedad, por lo que era necesario aplicar estrictas restricciones, pero hubo algo muy curioso en estas medidas.
Los habitantes de las comunas pobres, obligados a trabajar en el barrio alto, no tuvieron restricción alguna para ingresar a la zona en cuarentena y seguir realizando sus labores. Así fue como el virus se propagó por toda la ciudad y el enemigo demostró no sólo que era invisible, sino también silencioso.
La estrategia implementada consistió en ralentizar la propagación de la enfermedad sin frenar la actividad económica. “El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarla adelante”, explicó a inicios de abril el ministro de Salud para justificar sus medidas. El día 2 de ese mes ya había 3.737 contagios de COVID-19 en Chile.
El mapa de guerra
“No puedes combatir el fuego con los ojos vendados y no podemos detener esta pandemia si no sabemos a quién está infectando”. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió hasta el cansancio en la necesidad de hacer las pruebas diagnósticas necesarias para visualizar el curso de la pandemia: prueba todos los casos sospechosos. "El aislamiento y el rastreo de contactos es la columna vertebral de la respuesta y para hacer eso probar y aislar”, reiteró hasta el cansancio.
Es obvio que todo estratega sabe que tener un buen mapa del territorio enemigo es clave para librar una batalla y, en el caso del coronavirus, este mapa son los datos.
Las primeras alertas respecto al manejo de la información epidemiológica por parte del Gobierno vinieron del mundo científico. Los informes diarios entregados por el ministro y sus asesores evidenciaban anomalías, al ser contrastados con la manera en que evolucionaba la pandemia en casi todos los países del mundo.
El reporte de los nuevos contagios se mantuvo extrañamente aplanado durante demasiados días en los meses de marzo y sobre todo en abril, bordeando casi siempre los 300 casos nuevos cada día. No había progresión matemática ni geométrica, una suerte de “meseta”, dijo el ministro Jaime Mañalich y el presidente Sebastián Piñera completó la frase planteando que ya debíamos prepararnos para volver a una “nueva normalidad”.
El Colegio Médico, prestigiados científicos y epidemiólogos, universidades y centros de estudio independientes, criticaron abiertamente la forma en que el gobierno manejaba los datos. Pese a tener la capacidad de realizar 12 mil testeos diarios, no se hacían ni la mitad.
Poco aportaron las intervenciones del gobierno y en particular, la arrogancia del ministro de Salud y su evidente falta de empatía y claridad al momento de explicar la situación. El personero llegó a contabilizar a los muertos como recuperados, anunció la creación de un salvoconducto de inmunidad para los sobrevivientes (el carné COVID), planteó la posibilidad de que el virus mutara y “se volviera una buena persona”, y trató de explicar el alza en la cantidad de contagios como un “aumento no creciente”.
En este escenario confuso, y pese a todas las advertencias, insistió en la “nueva normalidad”. A mediados de abril, el gobierno ofició instructivos, ordenando el retorno de los trabajadores públicos a sus funciones. Comenzaron a planificar el inicio de las clases en los colegios y universidades y la reapertura de los grandes centros comerciales de la ciudad.
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La subsecretaria de Salud, Paula Daza, segunda en el gabinete, aseguró que ya estaban dadas las condiciones para que la gente saliera a “tomarse un cafecito” y el ministro agregó que bien podía ser “una cerveza o unas empanadas”, reafirmando con ironía que él “siempre consideró que fue un error suspender las clases en los colegios”.
Las dudas respecto a los datos del gobierno se profundizaron aún más cuando se evidenció que la cifra de muertes registrada en el primer trimestre de 2019 era un 12% más baja que la de 2020 en el mismo periodo. Por redes sociales, muchas personas denunciaron que decesos por COVID-19 de familiares eran registrados en sus certificados de defunción con otras causas de muerte. El gobierno salió a desmentir estas afirmaciones y reiteró que la tasa de mortalidad de Chile es una de “las más bajas del mundo”, la sitúan en poco más del 1%, algo que aún hoy todos discuten.
Pero todos estos debates sobre cifras y datos mal computados -o derechamente manipulados- perdieron relevancia cuando la verdad se comenzó a imponer trágicamente los primeros días de mayo, momento en que el discurso del gobierno viró como un vuelo sin escalas de la “nueva normalidad” a la “batalla de Santiago”.
Los casos de nuevos contagios registraron un salto cuántico el miércoles 13, cuando el número de COVID-19 positivos aumentó de 1.658 a 2.502 en un solo día. De ahí en adelante, la realidad estalló.
En esa fecha, a 71 días del primer caso detectado en Chile, el gobierno resolvió decretar cuarentena en 38 comunas de la Región Metropolitana, que concentra más del 80% de los casos confirmados de coronavirus en Chile.
A partir de ese minuto, el discurso giró del exitismo y la arrogancia precedentes a delimitar las responsabilidades de su fracaso estratégico.
El ministro de Salud culpó a la “irresponsabilidad de la gente” del explosivo brote porque “no respetan el aislamiento y la distancia social” y llegó a decir que decretar antes de tiempo una cuarentena le restaba efectividad a la medida. También culpó a la “desconfianza ciudadana” con las instituciones derivada del estallido social de octubre y negó que haya incidido en algo la idea de “nueva normalidad” instalada por ellos días antes.
Castillos de naipes
El primer caso de COVID-19 en el mundo lo documentó China en diciembre de 2019. El primer caso en España se informó el 31 de enero de 2020 y en Chile el 3 de marzo, 32 días después.
Todos los científicos que observaron la pandemia desde el comienzo afirmaron que América Latina corría con ventaja ya que podían visualizar con anticipación la evolución de la enfermedad en Asia y Europa, aprender de sus experiencias, lo que permitía definir mejor las políticas preventivas, de contención y tratamiento.
Era prácticamente tener la posibilidad de viajar en el tiempo hacia el futuro y definir, en base a ello, un destino más eficiente, pero nada de eso ocurrió.
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“Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”. Con estas palabras el ministro de Salud, Jaime Mañalich, esbozó una suerte de autocrítica el pasado 26 de mayo, cuando los contagios en Chile bordeaban los 78 mil casos y ya había 806 muertos.
Sus palabras ratifican que no es bueno construir castillos de naipes para enfrentar crisis sanitarias globales, evidencian además que la soberbia no sirve para ganar una guerra sino más bien para garantizar la derrota. Mañalich sale del gabinete porque perdió "la batalla de Santiago”.
13/06/2020
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